La huelga de recogida de basuras de Madrid ha dejado en evidencia a los responsables políticos, personalizados en la alcaldesa Ana Botella, y mostrado la capacidad disuasoria de los colectivos encargados de la prestación de servicios básicos. Esos conflictos entre empresarios encargados de determinadas concesiones y sus trabajadores terminan por tomar como víctimas a los ciudadanos, que son los que pagan las tasas del servicio. Nadie quiere convivir con la porquería, esparcida en las calle al lado de contenedores desbordados y en descomposición, con problemas para la salubridad pública.
Después de varios días con diálogo de sordos y con vandalismo sobre el mobiliario urbano, incendio de contenedores incluido, se ha logrado un acuerdo para desconvocar la huelga. Un acuerdo que debe satisfacer a las partes, pero que está lejos de lo que pretendían tanto unos como otros. La empresa no aplicará los recortes y reduce la sangría de puestos de trabajo y los sindicatos ceden en varios puntos para evitar males mayores. Es difícil hablar de vencedores y vencidos, pero está claro que los perdedores son los ciudadanos.
Y las partes en conflicto se han esforzado en desvirtuar la realidad: si unos hablan de recortes brutales y de imposición de contratos basura, otros recuerdan que el convenio de los basureros de Madrid es de los mejores de Europa en su sector.
A medio camino entre el chantaje y la ineficacia, la otra víctima es Ana Botella, esposa de Aznar, heredera de las deudas de Ruiz Gallardón, con poca cintura para lidiar unos conflictos que ponen en peligro la imagen de la ciudad y que afectan a su turismo.
