Según el padrón de 2008, el 27% de la población catalana de 15 a 29 años ha nacido en el extranjero, o sea, que son catalanes de adopción. En Catalunya residen 370.000 jóvenes de 150 países distintos. El porcentaje de extranjeros es mucho más elevado en esas edades que entre los ancianos, lo que invita a reflexionar sobre el futuro de Catalunya.
Y de los alumnos escolarizados en Catalunya, algo más del 40% son de origen foráneo, con predominio de los latinoamericanos, colectivo que en algunas ciudades del cinturón metropolitano alcanza proporciones elevadísimas. La crisis, y la recuperación de otras economías, quizá frenará la intensidad de un proceso que, combinado con la baja tasa de natalidad de los autóctonos, está provocando una revolución demográfica a ojos vista.
La demografía catalana está sujeta a un cambio fortísimo. A la luz de esa realidad quizá hay que otorgar crédito a los que han expresado conclusiones dolientes sobre la decadencia de Catalunya, desconfiando sobre la aportación de otras levas o, por el contrario, hay que confiar en la probada capacidad de asimilación e integración que ha demostrado este país, históricamente construido con materiales muy diversos.
Quizá habrá que analizar la experiencia de países próximos que han vivido el choque cultural y étnico antes que nosotros. Y esa realidad tiene aportaciones positivas y negativas con las que hay que convivir. El problema de Catalunya es el carácter explosivo de la inmigración –un fenómeno intenso y rápido- y su fuerte concentración geográfica. Y su irreversibilidad: la mayoría de los que han venido lo han hecho con voluntad de quedarse.
Europa
Europa pasó a ser algo más que un continente en los mapas en el momento en que empezaron a levantarse instituciones supranacionales orientadas a temas económicos y a facilitar las relaciones a través del desarme arancelario. El club europeo fue admitiendo más socios y la economía fue cediendo espacio a los políticos, lo que tuvo su plasmación en la conformación de estructuras funcionariales que ejercen una creciente influencia sobre las políticas nacionales. La soberanía nacional ha pasado a ser una responsabilidad compartida.
La construcción de Europa se ha cedido a una elite de superfuncionarios, los euroburócratas, que consumen presupuestos que no cesan de engordar. Con la crisis, muchos países quieren rebajar sus aportaciones a la UE, que suponen hasta el 75 % de los recursos de los organismos comunitarios. Ante ese panorama la reacción de la Comisión Europea ha sido la de crear un nuevo impuesto directo que afectaría a los más de 450 millones de ciudadanos.
Señala la Comisión que la nueva fórmula de financiación, todavía en estudio, ayudaría a la contención de las contribuciones estatales, argumento poco creíble. De hecho, ningún gobierno parece dispuesto a rebajar impuestos nacionales a cambio de que los ciudadanos paguen otros tributos a la UE. El Ejecutivo de Bruselas quiere ganar autonomía financiera, especialmente desde que se les solicitó que revisaran a la baja su presupuesto.
Berlín, París y Londres no han acogido la propuesta con gran entusiasmo y señalan que no es el momento adecuado para introducir nuevas tasas. Zapatero, en cambio, es mucho más receptivo al euroimpuesto. Es la eterna dialéctica sobre la fiscalidad y la competitividad.