Vuelve a escena la economía subterránea, generadora de dinero negro, una actividad que se vigoriza con la crisis y cuyo crecimiento se convierte en un obstáculo para la recuperación. Pero la realidad se compadece mal con lo que debería ser y al mal tiempo económico le sigue indefectiblemente un incremento de las actividades que escapan a la actuación del fisco.
El informe Schneider, el estudio más prestigioso en materia de economía golfa, acaba de presentar las estimaciones del 2010: los países con mayores problemas tienen más economía subterránea, y los que mejor capean la crisis, los más serios, controlan con más eficacia esa epidemia. El endurecimiento de la presión fiscal y el estado de necesidad de buena parte de la ciudadanía impulsan un capítulo que significa casi el 20% del PIB español. Sólo Grecia e Italia tienen un volumen de ocultación al fisco superior al de España entre los países comunitarios.
Dice el informe que en España escapan a la recaudación del Estado unos 210.000 millones de euros. Esa ingente suma no paga impuestos, ni genera cotizaciones sociales, ni está sometida a otros tipos de controles legales. Una vez más, pagan justos por defraudadores.
Se está repitiendo la historia de la crisis de los años 1994 y 1995, período en el que la economía negra alcanzó un 22% del PIB, cifra coincidente con la tasa de paro. Los inspectores del Estado ya se olían la tostada meses atrás cuando aumentó el IVA y demandaban un plan de actuación para hacer frente a los cambios de conducta fiscales de muchos sujetos en un ambiente recesivo. El problema es quién le pone el cascabel al gato.
