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Carta Magna

Por ser menores de edad o por no haber nacido todavía, más de la mitad de los españoles que actualmente figuran en el censo electoral no pudieron votar la Constitución de 1978. El dato nos lleva a recordar que la Carta Magna ha cumplido ya 33 años, un período que marca a una generación y que certifica la bondad de un cuerpo legal que, en la práctica, ha sido mínimamente cuestionado o, dicho de otra forma, que ha sido ampliamente aceptado.
Este año, de forma precipitada y casi con nocturnidad, hemos asistido a un pequeño cambio en el texto constitucional que ha elevado a dogma de fe el equilibrio presupuestario, una declaración solemne cuyos efectos están por ver. El cambio, decidido en un abrir y cerrar de ojos gracias al acuerdo de los dos mayores partidos, ha servido para desacralizar la Carta Magna, para romper con los tabúes que sostenían que era prácticamente imposible incorporar nuevas piezas en la arquitectura legal española.

Claro que una cosa es un pequeño añadido, introducido a instancia de parte, es decir, del núcleo duro de Europa, y otra proceder a un rediseño más completo, a una puesta al día. No es lo mismo, pero es evidente que la sociedad española está madura para enfrentarse sin complejos a considerar algunos cambios que el buen sentido aconseja incorporar sin temores, y sin riesgos de fracturas.
Los 33 años no son ninguna estación término, pero son la prueba de la madurez de un país que se ha acostumbrado, para alabarla o para criticarla, a referirse a la Constitución como la última instancia. Y eso ha sido así, a pesar de la discutida y discutible eficacia del Tribunal Constitucional.

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