En este país en el que las adolescentes menores de 16 años pueden abortar legalmente sin conocimiento de sus padres, ya no quedan controles sociales ni morales, ni siquiera el derecho de las familias a imponerles disciplina. El caso de Marta del Castillo, la menor de 17 años asesinada y violada por, al menos, uno de sus amigos con la complicidad de otros, permite recordar que la ausencia de control sobre su mundo facilitó que cayera en las redes de esos malvados.
La chica fue novia del asesino confeso y amiga de sus secuaces. Se fotografiaba mostrando intimidad con ellos y colgaba las imágenes en las redes sociales. No hacía nada extraordinario ni distinto a lo de tantos chicos jóvenes de su liberada generación. Si sus padres se lo prohibieran podrían acusarlos ante policías, jueces y la Junta de Andalucía de crueldad y de abuso de autoridad.
Porque el llamado progresismo zapaterista impuso coercitivamente la plena libertad a los menores retirándole la patria potestad a los progenitores, como demuestran la ley del aborto y las numerosas denuncias de adolescentes contra los padres estrictos. Mientras, en colegios e institutos se da por correcta cualquier conducta. Se premia rehuir el esfuerzo, la disciplina y la voluntad de trabajo. Los alumnos superan cursos con numerosas asignaturas suspensas, y si no quieren estudiar, se propone pagarles para que lo hagan.
Las noches son para divertirse con el botellón, que aunque se prohíba se tolera, y para las relaciones sexuales promiscuas, para las que se reparten preservativos y píldoras abortivas gratis, y se imparten más cursos sobre todas las formas de obtener placer que sobre materias lectivas. Han creado numerosas sociedades de jóvenes hedonistas. Sin códigos morales, algunos experimentan incluso con la muerte de los más inocentes.
