Desde hace tiempo, y desde muchas instancias, se está cuestionando el Estado autonómico y no son pocos los que demandan una nueva recentralización. Ya no son voces aisladas las apuntan la conveniencia de que el Estado recupere competencias cedidas y en determinadas circunstancias algunas autonomías hablan de devolver competencias. Las dificultades presupuestarias de la casi generalidad de autonomías sirven para culpabilizarlas de ser una máquina de gastar y causa del incumplimiento del objetivo de déficit público.
Las comunidades autónomas lo están pasando mal, algunas muy mal, en parte por errores e incumplimiento de compromisos entre la administración central y las autonomías, un claro caso de deslealtad. Mientras el Estado, que tiene la sartén y el mango, protege sus cuentas, las autonomías quedan a la intemperie y se ven forzadas a mostrar sus miserias financieras.
El último aviso a navegantes ha sido el globo sonda de algunos ministros que planteaban el control previo de los presupuestos, manifestación que ha despertado la irritación de algunas comunidades, especialmente Catalunya y País Vasco, señalando que esa idea, que seguramente no irá más allá, socava los principios de autonomía fiscal y solo sirve para alborotar.
Pero lo que nadie pone en discusión es que el Estado autonómico se debe reformar y simplificar todo el andamiaje administrativo que cruje los presupuestos. El café para todos fue un invento que sirvió para acallar transitoriamente las reivindicaciones nacionales de unas pocas comunidades a cambio de crear un monstruo de mil cabezas que algunos quieren ahora descabezar.
