El fiasco de Spanair es algo así como la crónica de una muerte anunciada, el final de un tortuoso camino lubricado con los dineros de los contribuyentes. Antes de la aventura catalana, Spanair ya arrastraba pérdidas insostenibles, que llevaron a los anteriores propietarios a desprenderse de la compañía. Un equipo liderado por Soriano, que fue vicepresidente de Laporta, se dedicó a vender las bondades de contar con una compañía que favoreciese la conectividad de Barcelona, algo innegable; pero la sociedad civil, el capital privado, con algunas excepciones, no secundó un objetivo tan ambicioso como difícil.
Así que el esfuerzo inversor quedó reservado al sector público y entidades asimiladas. Un tremendo error. Además, y para más desgracia, a poco de iniciar la andadura la nueva Spanair, se registró el tremendo desastre de Barajas, una desgracia que pesó lo suyo. Y la crisis global llevó a la compañía a consumir todas las ayudas recibidas y vivir en la asfixia permanente y en la desesperante búsqueda de socios que, cuando veían los números y riesgos, huían sin contemplaciones.
Con dineros públicos se ha competido, no siempre lealmente, con empresas privadas, un pecado que se repite frecuentemente atendiendo a designios superiores, el interés del país interpretado por los sumos sacerdortes del momento. El problema es que junto a Spanair siguen emboscadas otras compañías de igual perfil, aunque de menor dimensión.
El tripartito alentó el despegue de Spanair y a Artur Mas le ha tocado el ingrato papel de cortar el grifo. Cerrar los ojos a la realidad, por dura que sea, hubiera sido mucho peor.
