La reforma laboral, algo así como la madre de todas las reformas, ha tenido que salir por decreto a la vista de la incapacidad de sindicatos y patronal para alcanzar un acuerdo. Llevaban muchos meses, años, empeñados en buscar un difícil consenso, pero no han logrado desatascar los puntos de fricción y al final , como estaba cantado, ha tenido que responsabilizarse el Gobierno de sacar adelante una nueva regulación llamada a generar polémica. Las portadas de los periódicos del fin de semana confirmaban que la controversia está servida.
Porque lo que para unos es un giro radical, una pieza básica para luchar contra el paro, para otros es una autopista hacia el despido. Son distintas formas de analizar y valorar la realidad. La nueva ley puede aumentar los riesgos de generar desempleo al abaratar el despido, pero puede ayudar a facilitar el acceso al mundo laboral a los que buscan trabajo. Se trata de evitar que los ajustes de la crisis no se reduzcan a la disminución de plantillas, que ha sido la fórmula habitual en España.
Es evidente que debía hacerse algo en país con una tasa de paro del 23% frente a una media europea del 10%, y que el paso debía ir en dirección a homologar nuestro sistema con el de los países de nuestro entorno, que capean el temporal de la crisis con más éxito. En este terreno no se puede experimentar.
Como critican los sindicatos, que ya convocan movilizaciones, esa reforma es la que demandan Bruselas, el FMI, y eso que llaman los mercados. No estamos intervenidos, pero no hay demasiado margen para salirse del camino que nos marcan. Convicción y presión a veces van de la mano.
