Todas las dietas, especialmente las más exigentes y duras, tienen sus contraindicaciones y no es extraño que el atacar un problema dé lugar a desajustes de diverso orden. Esa situación se plantea en el escenario griego y puede replantearse, en una escala difícil de estimar, en España como sarpullido sindical frente al nuevo marco de relaciones laborales. Hay una pérdida de derechos de los trabajadores y los damnificados anuncian que se van a echar a la calle para mostrar su disconformidad.
Las reformas durísimas, aprobadas por el Parlamento de Grecia, eran condición impuesta para desencadenar la segunda parte del plan de rescate y provocaron el pánico y la violencia en la calle. Se escenificó una tragedia en varios actos y con miles de personas como protagonistas directos, gentes que a su manera se rebelaban contra un proceso de empobrecimiento sin diques de contención.
El problema es que Grecia no es dueña de su destino, que el país está siendo conducido desde el exterior por unos acreedores que desconfían de su capacidad y seriedad para cumplir los compromisos adquiridos. Nadie se fía de nadie y el ambiente de violencia e inestabilidad no es el mejor referente para recobrar la confianza de los mercados.
Afortunadamente, España no es Grecia y hasta el momento la crisis no ha quebrado la paz social. Hay colectivos muy golpeados por la situación, pero mal que bien se resiste y sólo el movimiento de los indignados ha encarnado la protesta ante la falta de horizontes. Pero el miedo se palpa y muchos advierten el riesgo de que el país acabe cayendo por la misma pendiente que los griegos. Un fantasma real.
