La huelga general del 29M no ha beneficiado a nuestra ya deteriorada economía sino más bien ha generado inestabilidad en los mercados, provocando un aumento en la prima de riesgo.
Lo que sí ha ayudado es a fomentar unas pérdidas económicas a comercios, empresarios y trabajadores, sin olvidar sumar los gastos adquiridos por los destrozos para nada justificados.
Ante la pasividad de unos sindicatos y grupos políticos victoreando los discutibles resultados y viendo perder con el anterior gobierno millones de puestos de trabajo, sumado a un despilfarro económico gigantesco, ahí estaba aquel gobierno viendo “brotes verdes” cuando en verdad eran malas hierbas disfrazadas en discursos engañosos.
¿Qué hacían las fuerzas sindicales para luchar por los trabajadores viendo cómo aumentaban las cifras del paro? ¿Qué hicieron los partidos políticos en el poder para preservar el estado del bienestar que tanto reclaman ahora?
¿No es cierto que la economía de nuestro país, amenazada por la intervención europea, es consecuencia de políticas económicas y sociales totalmente insostenibles, mantenidas por esta izquierda que ahora quiere arreglar con la huelga lo que no ha sabido o no ha querido hacer en sus años de gobierno?
Ahora estamos pagando los intereses de estas políticas económicas totalmente irresponsables y de la ausencia de medidas estructurales necesarias en su momento.
Bien es cierto que existe el derecho a la huelga y que el ciudadano debe ejercerlo si lo considera oportuno, pero consiente del porqué lo hace y de las consecuencias que esto comporta.
Como asimismo existe el derecho al trabajo recogido en nuestra Constitución, el cual los ciudadanos pueden ejercer libremente si lo desean. Durante la jornada de huelga hemos podido comprobar cómo este derecho a acudir al trabajo ha sido vulnerado, alentado por los propios convocantes a no tomar las medidas oportunas y permitir que grupos de piquetes amenacen, agredan y destrocen mobiliario urbano, locales y comercios y un largo etcétera en actos totalmente ilegales en nombre de la “información sindical”.
Y ahora sería lógico preguntarse: ¿Quién pagará estos destrozos que han perpetrado unos cuantos irresponsables con estas actitudes totalmente antidemocráticas?
¿Deberían ser responsables subsidiarios las organizaciones convocantes por no controlar debidamente la actitud de algunos manifestantes?
O, como siempre, ¿será el sufrido comerciante, empresario y/o trabajador, que ha querido ejercer su derecho al trabajo el que pague de su bolsillo los gastos de estos actos sectarios?
O bien, ¿la Administración Pública, o sea todos los ciudadanos, contribuyendo con sus impuestos, se harán cargo de los destrozos públicos de grupos vandálicos?
Es necesario identificar y pedir responsabilidades a los infractores antidemocráticos que no aceptan que sus derechos acaban cuando empieza los de los demás.
