Ha levantado cierta polvareda la amnistía fiscal, una propuesta que se ha intentado edulcorar con eufemismos infumables que no han confundido a nadie. Una amnistía es un perdón político para olvidar determinados delitos, en este caso para hacer tabla rasa con la defraudación fiscal. La reacción social frente a esta iniciativa ha sido ciertamente negativa, como era previsible.
No podía esperarse que nadie aplaudiera el perdón, con un peaje mínimo, a los defraudadores, una forma de consagrar la máxima que dice que siempre pagan los justos por los pecadores. La amnistía no se puede defender ni desde la ética ni desde la estética. De hecho, casi todo el mundo se ha rasgado las vestiduras, incluso aquellos que en el pasado impulsaron medidas similares para aflorar dinero negro, un caudal subterráneo, a menudo remansado en paraísos fiscales.
Así que la justificación de la medida, con perfiles vergonzantes, se ha apoyado en la teoría del mal menor. O la amnistía, o el aumento deL IVA, una bala que se guarda en la recámara para dispararla en un futuro no muy lejano. Sucede, sin embargo, que resulta poco creíble que los evasores decidan repatriar unas cifras que se estiman en muchos miles de millones de euros. La experiencia de otros países frente a iniciativas de este tipo no invita a ser muy optimistas.
El aceptar el coste político de esa medida es tanto como reconocer que las cosas están en situación límite, que hay que intentar vaciar todos los bolsillos para cuadrar las cuentas. Los 2.500 millones previstos como ingreso por la amnistía son “la torna”, el capítulo de ingresos diversos para cerrar los presupuestos.
