Bajo el lema de no hay dinero, el plan de ajustes sigue su accidentada escalada. Cada nueva medida genera la consiguiente reacción social, porque detrás de cualquier recorte hay sacrificios y sacrificados poco dispuestos a inmolarse. Después de los anuncios que afectan a prestaciones sociales en temas como la sanidad y la educación, ahora le toca el turno a las televisiones autonómicas, un campo de minas y de pérdidas.
Sáenz de Santamaría, vicepresidenta del Gobierno, ha declarado que las televisiones autonómicas deberán equilibrar ingresos y gastos. Como declaración de principios está bien, pero lo del equilibrio por decreto implica eliminar poco menos que de un plumazo un déficit de unos 1.500 millones de euros, que a día de hoy se antoja poco menos que imposible. Hay muchas resistencias, pero en algún momento habrá que empezar a corregir los desaguisados inasumibles.
Las cadenas televisivas autonómicas tienen una plantilla de unas 10.000 personas, a las que habría que sumar los empleo indirectos, cifras que dan una idea aproximada de su peso económico, social y político. Desde hace años, está en el escenario público el debate sobre esos medios públicos que consumen enormes recursos dinerarios y que en buena parte sirven a mayor gloria de los gobiernos de turno. La oposición, sea del color que sea, acostumbra a ser crítica, pero cuando accede al poder se niega a renunciar a un instrumento que es objeto de un indisimulado deseo.
El ahogo financiero es ahora de un gran calibre, quiza la razón última para forzar un sacrificio que estaba cantado pero que nadie ha querido llevar a la práctica.
