Hace ya algún tiempo que se abrió, en términos virtuales, el melón de la reestructuración del Estado en sentido amplio, ya sea argumentando razones de crisis e insuficiencia económica o por cuestiones relativas a la racionalidad administrativa. Existe algo más que la sensación de que es difícilmente sostenible el mastodonte edificio administrativo que va desde los ayuntamientos a la Administración central, pasando por diputaciones y autonomías, amén de otros organismos intermedios y un sinnúmero de empresas que viven colgadas de las ubres públicas.
El debate ha provocado que las posiciones se vayan alineando con fluidez. Por un lado están los que abogan por una recentralización, por desandar el camino y devolver competencias al Estado, y por otro están la mayoría de autonomías, que no son partidarias de renunciar a su campo competencial. Lo que se da, no se quita.
Y en el término medio, que no siempre es el virtuoso, se sitúan los que dicen que se trata de repensar el Estado para evitar duplicidades y suprimir organismos aparentemente innecesarios o excesivamente gravosos, pero sin dar marcha atrás en el nivel de autonomía política alcanzado durante las tres últimas décadas. Y todo ello con un amplio consenso político, que debería ir algo más allá del Psoe.
Da la sensación de que quiere obrar el prodigio de hacer una tortilla sin romper huevos. Parece que se anima el debate para que se clarifiquen al máximo las posiciones ante la inevitable revisión del modelo del café para todos, que solucionó algunos problemas a cambio de crear otros de mayor magnitud y trascendencia.
