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La imagen del país y de las instituciones está bajo mínimos. Los problemas se encadenan y la moral colectiva se resiente. Uno de los últimos episodios chuscos se relaciona con la acusación a Carlos Dívar, presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo,  de beneficiarse de los presupuestos públicos en beneficio propio. El asunto se ha cerrado en falso, sin evitar que planee la sombra de la duda sobre su conducta, que debería ser ejemplar y transparente.
El presidente del CGPJ se ha negado a dar explicaciones detalladas a la ciudadanía y a los vocales del Consejo de sus 20 viajes  a todo tren en fines de semana a Marbella. Gastos protocolarios que muchos se niegan a aceptar por entender que no responden a exigencias del cargo y que el ilustre letrado ha despachado alegando que la cantidad en discusión es una miseria. El Gran Capitán creó escuela para contables y siglos después su magisterio sigue dejando huella.

Tal conducta poco presentable en una persona que tenía fama de intachable, daña la imagen del poder judicial y confirma que el país en su conjunto vive un momento de grave confusión y turbación. Hay una grave crisis de valores, de ética de comportamiento, y  muchos acaban por creer que los megasalarios, los supergastos, el gratis total y todas las mamandurrias imaginables son poco menos que un derecho especial de los que se consideran elegidos por los dioses.
Y esos abusos aparecen hoy más hirientes y dan la razón a los indignados que sostienen que no hay pienso para tanto pesebre. Eso y otros mensajes de parecido calibre y sentido.

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