El Gobierno está empeñado en recaudar y pretende buscar debajo de las piedras y en los paraísos fiscales para atraer parte de esos millones de euros que en su día huyeron del país. Para ello ha puesto en marcha un remedo de amnistía fiscal que penaliza con un peaje liviano a los que decidan repatriar los dineros que se remansan en países extracomunitarios en cuentas cifradas. El Ejecutivo espera unos ingresos más que notables por ese “blanqueo”.
Posiblemente le va a resultar muy difícil cumplir ese objetivo porque a perro flaco todo son pulgas, y porque los dineros, en lugar de retornar, parece que están experimentando una nueva ola migratoria. Sale mucho dinero y mucho la hace por vía legal, a instituciones bancarias de países comunitarios o se refugia en valores o productos financieros no españoles. Los temores al corralito, las dudas sobre las entidades financieras españolas o el temor a la vuelta a la peseta, temores si se quiere remotos, pesan en las decisiones de los que todavía tienen y defienden sus dineros.
La salida neta de capitales en los cinco primeros meses del año prácticamente se elevó a 100.000 millones de euros, con una cifra récord en el pasado mes de marzo. El proceso se inició hace nueve meses y afecta tanto a la marcha de inversores internacionales, como a la huida de inversores españoles. La desconfianza no distingue nacionalidades.
Parece difícil que con ese contexto económico, que refleja de forma expresiva la prima de riesgo, tenga éxito la repatriación de capitales que patrocina el Gobierno. El problema es intentar frenar la sangría.
