Personalmente considero que, nolens volens, la Iglesia católica –institución, patrimonio y actividades– terminará encontrando, más pronto que tarde, el lugar que le corresponde en el Estado de derecho como miembro respetuoso, incluso leal, de sus normas. Han pasado los tiempos de ciertas gravísimas anomalías jurídicas en forma de excepciones y/o privilegios.
Al margen de su misión redentora y su origen divino, conceptos que pertenecen a lo que hoy llamaríamos intangibles, la Iglesia católica es una institución humana y mundana. Esta segunda naturaleza suya determina derechos y obligaciones que, por universales, le son inexorablemente propios. Y hoy, dentro de ciertos límites, lo que no es ético tampoco es viable.
Pero si ahora yo me pronuncio a favor de la presencia social de la Iglesia católica de acuerdo con lo que, a mi entender, son pricipios éticos y legales transparentes, no es por razones de esa índole sino, esencialmente, por motivos de agradecimiento. Los que me enseñaron a leer, escribir y sobre todo seguir el dictado de mi conciencia eran clérigos y/o religiosos.
