Los trabajadores públicos del Departament de Justícia de la Generalitat hemos emprendido diferentes movilizaciones en defensa de nuestros derechos colectivos y contra los ataques que está sufriendo la calidad del servicio público al que nos dedicamos. Estos recortes afectan a los trabajadores, quienes han dejado de percibir un mes de salario, pero también a los ciudadanos a los que, con independencia de su capacidad económica, el Govern de la Generalitat les obliga a pagar un nuevo “peaje” que oscila entre los 60 y los 120 euros por el mero hecho de acudir a un Tribunal de Justicia a reclamar sus derechos, sin que esto redunde en beneficio del servicio que reciben.
El deterioro del servicio público de la Justicia, ya bastante evidente, se ha agravado con las políticas llevadas a cabo por el Govern: como recortes en las ayudas al Colegio de Abogados encargados de proporcionar el servicio de Asistencia Jurídica a las clases populares que no tienen recursos para proveerse de un abogado particular, además de haberse incrementado la congestión de los Juzgado de lo Contencioso en un 250% y en un 150% la Jurisdicción civil. Un ciudadano de Catalunya, según el CGPJ, puede tardar una media de entre 5 y 13 años en obtener una resolución definitiva, mientras que la Audiencia Nacional ha tardado poco más de dos meses en archivar el supuesto fraude fiscal investigado en relación a las cuentas radicadas en Suiza y Liechtenstein de las que el President Artur Mas era beneficiario.
Parece que el Govern, con sus recortes, ha decidido sustituir por un parche aquella venda que la la imagen tradicional de la Justicia llevaba en los ojos como símbolo de su imparcialidad. No hace falta decir con qué ojo mira la nueva Justicia del Govern, ni hacia qué lado.
