Cuando se repara en la distribución del mercado laboral y de la población española, se concluye que la presente situación es poco sostenible. El 30% de la población trabaja para mantener al 70%, una visión simplista, pero que destaca los rasgos más evidentes de la realidad. De los 47 millones de habitantes censados en España, apenas 14 millones sustentan al país entero. Los más dependen de los menos.
Menores de 16 años e inactivos, incluyendo los pensionistas, suman más de la mitad del censo. En el capítulo de población activa figuran más de cinco millones de parados y algo más de dos millones de funcionarios, amén de medio millón de personas que ocupan cargos públicos y que forman lo que los italianos llaman ‘la casta’. Son la síntesis de un desajuste difícilmente sostenible y que tiende a crecer por razones demográficas y económicas.
La distribución del trabajo y la asignación de recursos es una cuestión en la que los economistas no se ponen de acuerdo. Esperanza Aguirre, que ha anunciado un nuevo recorte en el salario de los funcionarios y políticos de su comunidad, ha defendido la medida alegando que la alternativa a ese sacrificio colectivo es el despido de 40.000 interinos. Menos rentas salariales o más desempleo, elección entre lo malo y lo peor.
Frente a los que defienden que hay trabajar más, para ganar más, otros dicen que hay que trabajar menos, vivir más y trabajar menos para trabajar todos. La dialéctica está en el ruedo en parte a consecuencia de una situación angustiosa socialmente e imposible de sostener. Que cada vez menos tengan que sostener a más es imposible.
