Hace unos días entró en vigor la reforma legal que obliga a inscribir a las mujeres de la limpieza, las empleadas de hogar, en el régimen general de la Seguridad Social. Y todo parece indicar que la realidad va en sentido contrario a los objetivos del legislador. En diciembre de 2011 había en Catalunya 57.238 mujeres de la limpieza, en régimen fijo o discontinuo, inscritas en el régimen especial de la Seguridad Social; el 31 de mayo, las que estaban inscritas en el régimen general eran sólo 23.681. Faltan los datos del mes de junio, que previsiblemente serán más elevados, pero difícilmente van a ser el exponente de un éxito.
Los impulsores de la reforma partían del supuesto de que el trabajo doméstico, especialmente para las miles de personas que lo ejercen unas horas aquí, otras allá, era un pozo de irregularidades, un campo abonado para la economía sumergida, un yacimiento de empleo que podía aflorarse metiendo el miedo en el cuerpo a empleadores en negro y empleadas subterráneas.
No ha sucedido así. Muchos empleadores han optado por continuar en el limbo y otros han cortado la relación laboral antes de darles de alta en el sistema de la Seguridad Social y rellenar el complejo papeleo que eleva a la calidad de empleador al que tiene una limpiadora unas horas a la semana. Y muchas empleadas han preferido continuar emboscadas antes de pasar a estar controladas por los burócratas del Ministerio.
Han querido solucionar un problema y aflorar empleo negro y han conseguido justo lo contrario. Es como aumentar los impuestos y ver cómo se reduce la recaudación, algo que está sucediendo.
