Los problemas financieros asfixian de forma inmisericorde a la casi totalidad de autonomías. El conjunto del sistema entra en algo parecido a una situación concursal, si bien entre las autonomías también hay clases. Las que disponen de una financiación vía concierto padecen estrecheces, pero el resto presentan graves síntomas de ahogo y muestran incapacidad de atender con sus propios medios los pagos y amortizaciones de deuda que están en cartera.
Valencia ha protagonizado despilfarros al por mayor con obras y eventos suntuarios. Como peligraba el andamiaje institucional, la Comunidad pidió árnica al Estado. Y luego, superada la vergüenza por la necesidad, otras están siguiendo su estela. Todo ello en el supuesto de que el fondo de liquidez cuente con recursos suficientes.
El calendario de vencimientos de la deuda autonómica confirma que no hay posibilidades serias de atenderlos y que no es nada fácil encontrar quien esté dispuesto a prestar. Si España encuentra dificultades para obtener financiación en los mercados y paga más del 7%, es fácil imaginar que la deuda subsoberana está fuera de mercado, salvo la posibilidad de los hispabonos. A día de hoy resulta poco imaginable una nueva emisión de bonos patrióticos.
Tienen las autonomías transferidas la mayoría de competencias ligadas a la sociedad del bienestar, como educación, sanidad y dependencia, y no disponen de ingresos para sufragar estos y otros gastos que duplican servicios de la administración estatal. Así que no es extraño que la crisis global sirva de coartada para cuestionar todo, intentando pescar en río revuelto.
