Apenas una semana después de la manifestación del 11-S, va a tener lugar la cita entre Rajoy y Mas, que va a marcar la agenda política y cuya trascendencia no escapa a nadie. Los políticos transmitirán lo que les interese y se quedarán para sí lo más jugoso, aunque cada vez hay menos lugar para los secretos. En cualquier caso es evidente que no se despachará el análisis de la situación con el recurso al lío y la algarabía, un lenguaje evasivo, ni se insistirá en la construcción de un Estado propio. Ambos tendrán que hacer un ejercicio de equilibrio y pragmatismo.
En el oficio de los políticos está intentar dar solución a problemas difíciles y el planteado a Rajoy y Mas entra en la categoría de los complejos. El detonador que ha alentado la protesta, desde el problema de la desafección, el català emprenyat y otros eufemismos del catálogo de quejas, tiene una raíz fiscal.
Una mayoría de ciudadanos entiende que el sistema de financiación autonómica es injusto y que la cuota de solidaridad que se exige a Catalunya la está empobreciendo de tal forma que no queda otro remedio que plantarse. Uno no puede empobrecerse en aras de la fraternidad nacional, y ver encima cómo el subvencionado aplica medidas que no están al alcance del que aporta los fondos. Esa vía de agua sin taponar ha favorecido el independentismo.
No va a ser fácil la reunión de mañana en la Moncloa. No se pueden romper las cartas, ni cortar los puentes, ni despachar la reunión con un ahora no toca, ni con una palmadita a la espalda y una llamada a la responsabilidad. Ese es la gran cuestión: hacer algo y evitar que el problema se pudra.
