No dudó el ministro de Hacienda en argumentar que le resultó obligado aumentar el IVA por el elevado grado de fraude existente en España. Era una defensa un tanto risible porque la represión del fraude es de su competencia. Lo cierto es que pocas semanas después de aplicarse los nuevos tipos, el consumo ya acusa una nueva contracción. Es habitual que para pequeñas cosas no se solicite factura y ahora, con más IVA, esa conducta se ha potenciado para engrosar el enorme caudal de dinero que escapa a los circuitos regulares.
Cuantificar el caudal de ese acuífero subterráneo monetario, la economía sumergida, no es fácil, pero los expertos estiman que la actividad no declarada puede cifrarse en 260.000 millones de euros y que los importes que dejan de ingresarse podrían superar los 70.000 millones de euros, que prácticamente equivale al déficit público anual, ese agujero que tantos malestares provoca a la ciudadanía.
Una parte de los parados y de los prejubilados realizan pequeños trabajos y chapuzas para ir tirando, todo ello con la complicidad de buena parte de la ciudadanía que no ve mal ahorrarse los euros del ‘sin IVA’. La gente es crítica con esos comportamientos insolidarios, pero los considera un mal menor, un fruto indeseado del estado de necesidad.
Esas corruptelas cuentan la tolerancia de muchos, en parte porque los estándares éticos de nuestra sociedad son los que son y porque todo el mundo es más indulgente ante esas prácticas que ante el despilfarro y el mangoneo de buena parte de nuestra clase dirigente. Todo eso forma parte de nuestra cultura.
