Artur Mas parece que ya ha tomado la decisión sobre la línea política a imprimir en la próxima legislatura, marcada por la consulta sobre el derecho a decidir. La acción de Gobierno será liderada por CiU con el apoyo de ERC para asegurar en la medida de lo posible la estabilidad parlamentaria y no tener que recurrir a la problemática geometría de los acuerdos a varias bandas.
Esquerra señala que será más útil fuera del Gobierno que dentro, pero no esconde que desea marcar con CiU los objetivos políticos, establecer la hoja de ruta y no renuncia, antes al contrario, a sugerir consejeros con perfil adecuado y capacidad demostrada para defender los intereses del país en el ámbito europeo. No quiere estar en primera línea, que siempre desgasta, pero hace saber que está ahí con el peso decisivo de sus escaños.
Mas, escaldado por la experiencia de su fallida relación con Carod y Puigcercós, está obligado a convertir la necesidad en virtud, pero no ignora que anudar un acuerdo con un partido asambleario supone un riesgo. CiU no ha pasado a ser un rehén de ERC, pero esa es la imagen que va a trascender. Las elecciones fueron un jarro de agua fría para Mas y ahora está pagando una factura cuyo alcance es difícil de valorar.
Conciliar la apuesta soberanista con una política presupuestaria muy estricta va a resultar un tanto chocante, tanto para CiU, partido con perfil liberal, como para los republicanos, más proclives a cultivar su vena izquierdista. No es la combinación imposible del agua y el aceite, pero por ahí va. Y queda en la trastienda Unió, el socio que debe definirse, si es que ello es posible en la actual coyuntura.
