Desde hace ya muchos años, las entidades dedicadas al negocio de los planes de pensiones privados concentran sus campañas de promoción en estos meses. Se mantienen los regalos y las bonificaciones por el traspaso de planes. La publicidad de esta forma de ahorro finalista no duda en pasear el fantasma del miedo, el de un futuro -mensaje clave- imperfecto que deja las pensiones públicas en el aire y con el riesgo de que puedan recortarse, en los escenarios más pesimistas, hasta un 25%.
La mayoría de expertos reitera que el sistema actual tiene que reformarse, se entiende a peor, para ser sostenible. Las tendencias demográficas y económicas concluyen que el gasto en pensiones va a aumentar del 9% del PIB actual al 18% en 2050, un salto imposible de encajar salvo que se asista a un cambio de las bases del sistema, lo que provoca un sarpullido entre los que están en lista de espera para disfrutar de su pensión.
Cotizantes y pensionistas no ignoran el problema, pero se resisten a aceptarlo y a actuar en consecuencia. Así el número de españoles que confía en la seguridad social se sitúa en un magro 38%, pero la mayoría, el 66%, declara que no ahorra para su jubilación, quizá porque no puede dedicar una parte de su renta a preparar el futuro. La cultura de la previsión nunca tuvo profundas raíces entre nosotros.
Vivimos en un mar de contradicciones. Así, la mayoría social defiende indexar las pensiones al IPC, cuando la generación que tiene que pagarlas está sufriendo fuertes recortes de sus retribuciones para evitar el desempleo y sus salarios decrecen tanto en términos reales como nominales.
