Una de las reformas eternamente pendientes es la de las Administraciones Públicas. Existen demasiados niveles administrativos, son numerosas las duplicidades y la eficiencia del sistema es harto discutible. En cualquier programa con ínfulas modernizadoras es imprescindible hablar de esa reforma, que siempre se pospone o se intenta liquidar con un maquillaje cosmético lo más indoloro posible. Esa reforma la han de impulsar los políticos, que son a su vez las posibles víctimas del cambio, y ahí está la clave que explica la permanente etiqueta de pendiente.
De momento el impulso reformista de las Administraciones se centra en un nuevo proyecto sobre las Administraciones Locales, que rebaja las pretensiones de un anteproyecto que quedó en globo sonda. Lo que ha llegado a la opinión pública es el objetivo de homogeneizar y limitar las retribuciones de los alcaldes y concejales en función del tamaño del municipio y reducir el número de asesores. El impacto económico de esas medidas se estima en un posible ahorro, que está por ver, de unos 7.000 millones hasta 2015.
Hay varias cuestiones que estaban proyectadas, como las fusiones de municipios, que quedan para mejor ocasión. Es evidente que muchas entidades poblacionales no tienen viabilidad en solitario y que esa reforma la han llevado a cabo numerosos países europeos. Ese paso terminará por darse, pero de momento queda en lista de espera.
Reformar la Administración encuentra muchas resistencias y se deben dar nuevos pasos si se quiere optimizarla bajo el principio de una administración, una competencia. Proclamarlo es fácil, ejecutarlo es otra cosa.
