La participación ciudadana es la base de toda democracia. Sin embargo, una verdadera participación solo es posible si los ciudadanos tenemos acceso en igualdad de condiciones, y de una manera ágil y sencilla, a la información que obra en manos de las administraciones públicas.
Los ciudadanos tenemos el derecho a saber cómo se toman las decisiones dentro de la Administración, qué criterios se siguen y cómo se aplican. Tenemos derecho a conocer cómo gestionan el dinero público y qué uso se le da a nuestros impuestos. Esto quizás sea uno de los motivos del movimiento 15-M, la opacidad informativa que nos ha impedido a los ciudadanos el tener acceso a una información veraz y contrastada.
La información que se encuentra en manos de la Administración no es propiedad de los funcionarios ni de los altos cargos, sino de todos los ciudadanos. La Administración no solo debe estar al servicio de los ciudadanos sino que debe estar abierta a los mismos y ser completamente transparente en su actuación. Considero que este es el verdadero significado del derecho a saber democrático. En Suecia existe desde 1776 y está sustentado en tres principios básicos: comunicación, transparencia y participación.
