Junto a la crisis económica, España sufre una crisis institucional que socava la credibilidad del país y daña de forma irremediable lo que ahora llaman marca España. La monarquía constitucional, que ha jugado un papel político relevante y que en la transición fue calificada como motor del cambio, pasa por sus peores momentos. La veda parece abierta y esos episodios no hacen más que alentar el republicanismo.
La corrupción campa a sus anchas y los escándalos minan la moral colectiva. Las sospechas manchan a los más respetables apellidos y contaminan a casi todos los partidos. Los tribunales tienen mucho trabajo, pero avanzan con desesperante lentitud, y los ciudadanos desconfían de la justicia, hasta cuestionar en no pocos casos su independencia. Los políticos ejercen actualmente una profesión de alto riesgo, tanto que no pueden estar tranquilos ni en su propia casa. Los escraches se han convertido en indigesto pan nuestro de cada día.
El expresidente Felipe González ha emitido un diagnóstico terminante: hay una profunda crisis institucional que cabalga hacia la anarquía. Otros, más pesimistas, creen que ya estamos instalados en ella. Lo que nadie puede negar es que estamos en un momento muy delicado y que las instituciones arrastran demasiado desgaste. El riesgo es que el fantasma de la anarquía pueda animar a los que recetan su antídoto, el autoritarismo, el jarabe de palo.
Hay que preservar las instituciones, factor esencial para la convivencia, para la prosperidad y para hacer posible el futuro. Será más fácil salir de la crisis económica que de la institucional. Nada más y nada menos.
