El encarcelamiento del expresidente de Caja Madrid y su rápida salida de la cárcel después de pagar una fuerte fianza es el inicio de un proceso imparable que probablemente sirva para judicializar la gestión del sector bancario público español. De momento hay casi un centenar de banqueros –habría que decir “cajeros”- imputados y nueve casos abiertos que han dejado atrás una estela de víctimas y de desastres económicos que directa o indirectamente caerán sobre las espaldas de los contribuyentes.
Hay que depurar responsabilidades y es bastante normal que se abra el melón por Caja Madrid, protagonista de una crisis que ha costado miles de millones a los ciudadanos. El episodio Miguel Blesa tiene el visto bueno de buena parte de la opinión pública, necesitada de resoluciones ejemplarizantes. Cierto que hay el riesgo de un afán justiciero generalizado contra los delincuentes de cuello blanco, pero lo que no puede hacerse es cerrar el capítulo sin una revisión del pasado.
Además del invento de las preferentes, un problema social de enorme magnitud, está en entredicho la gestión de muchas entidades financieras, con adquisiciones inexplicables que se relacionan más con la administración desleal que con errores profesionales. Y encima esos profesionales se fueron cobrando sueldos, indemnizaciones y planes de pensiones fuera de toda lógica.
Los bancos también han pecado, pero menos, y la culpa de sus errores la han pagado contra sus recursos y con cargo a los accionistas. La crisis del sistema financiero ha sido global, pero de muy diferente intensidad según se trate de bancos o cajas. Por eso una causa general tiene mucha lógica.
