El proyecto de presupuestos del Estado ha supuesto un argumento más para calentar la tensión territorial. La distribución de la inversión pública en infraestructuras y otros servicios ha provocado un malestar en las comunidades perjudicadas en el reparto de los menguantes recursos de un capítulo que concentra buena parte de los recortes. Los que elaboran los presupuestos acostumbran a opinar que la mayoría de las infraestructuras pueden esperar, un error, de la misma forma que fue un clamoroso error ejecutar en su día infraestructuras inservibles, infrautilizadas o paralizadas.
La inversión pública prevista para Catalunya es de 125 euros por cabeza frente a los 207 de media de España. Algunas comunidades recibirán en términos relativos cinco veces más que Catalunya, y alguna, como Baleares, la mitad que Catalunya. Las quejas y lamentos de las comunidades discriminadas son explicables y algún popular de Baleares ha señalado que los que más se esfuerzan fiscalmente son los más maltratados.
Distribuir recursos, y más en momentos de penuria, provoca reacciones de los que se consideran maltratados, que acostumbran a coincidir con las comunidades que más contribuyen al erario público. Lo que no responde a criterios objetivos incurre en problemas de arbitrariedad. Habría que objetivar todo lo posible, hasta tasar la obligada solidaridad precisa para el reequilibrio territorial.
Pero el problema de fondo es el actual modelo de financiación autonómica, una lucha nada sorda entre los que más contribuyen y los que más reciben, entre los que se sienten maltratados y los que reclaman las deudas históricas. Un encaje difícil.
l
