Una de las finalidades de los almacenes de gas, especialmente en los países con elevada dependencia energética, es la de reducir la exposición a los vaivenes de los productores. Muchos países han optado por cubrirse las espaldas con unos depósitos de reserva y no se tienen noticias de incidentes. España impulsó el proyecto Castor, un gigantesco almacén submarino de gas en las cavidades de un viejo campo petrolífero, y han saltado todas las alarmas.
El Ministerio de Industria, después de registrarse más de 350 seísmos en menos de un mes, ha decidido paralizar el proyecto al admitir la probabilidad de relación directa entre las inyecciones de gas y los movimientos sísmicos que han sembrado la alarma en la zona afectada. No se volverán a autorizar inyecciones de gas en los almacenes submarinos hasta que existan garantías totales de seguridad.
Lo increíble es que, tratándose de un proyecto de gran complejidad y elevado riesgo, la Administración, en este caso la anterior, no extremara al máximo los requisitos técnicos y los permisos se despacharan con estudios de impacto ambiental para cumplir el expediente. Ahora, cuando se han enterrado más de 1.000 millones de euros en el proyecto, se reclaman más estudios técnicos y se habla de reexaminar todo.
Parece evidente que, cuando nos creíamos un país rico, se tiraron millones a espuertas en infraestructuras infrautilizadas y se promocionaron obras gigantescas sin las garantías necesarias. La ineficiencia y la falta de racionalidad no se penalizan socialmente y su coste se descarga sobre las espaldas de los contribuyentes.
