Hoy en Catalunya, a pesar de la grave crisis social y económica en la que se encuentra, algunas fuerzas políticas han iniciado el camino al derecho a decidir. Catalunya se encuentra en una situación política complicada e insostenible, frente a una postura inmovilista e intransigente, por parte del estado español. Y este se ampara en el marco constitucional vigente, pero obsoleto en los tiempos que estamos, después de 35 años de la Carta Magna, la cual sirvió para contentar a todos los partidos políticos. Durante todos estos años, los sucesivos gobiernos de turno, desde Felipe González hasta el actual, han hecho oídos sordos, y no han sabido diferenciar entre nacionalidades y autonomías, con el resultado de un grave problema secesionista, que el Gobierno tiene que resolver ya que, en caso contrario, podría tener consecuencias imprevisibles en todo el país, con fuerte repercusión en la Comunidad Europea y sobre todo en los sectores financieros.
El nacionalismo español, representado por el PSOE y PP, tiene que entender que el derecho a decidir de un pueblo está por encima de todas las leyes. Y los votos de los ciudadanos se cuentan en las urnas, no en concentraciones en las plazas públicas, o a pie de carretera. El gobierno del Partido Popular tiene que tener sentido de la democracia y valentía política, convocando una consulta para despejar todo tipo de dudas entre los ciudadanos. Y, según los resultados, tanto el Gobierno como los partidos políticos, obtendrían conclusiones realistas. Y la Constitución no es intocable. Pero falta voluntad política para modificarla. El señor Rodríguez Zapatero, a petición de la señora Merkel, en 24 horas modificó los artículos que les interesó, con el acuerdo del Partido Popular, y nadie se escandalizó, y no paso absolutamente nada.
