El pleno municipal del mes de marzo, celebrado esta tarde, ha procedido a la aprobación definitiva de la ordenanza municipal cuyo objetivo es que las grandes empresas y entidades bancarias se desprendan de las viviendas vacías que mantienen fruto de los desahucios, entre otras circunstancias. De no hacerlo, los propietarios se enfrentarían a un expediente sancionador que podría terminar en multa. La normativa ha sido aprobada por todos los grupos municipales con la excepción de los ediles del PP.
En la discusión previa a la aprobación de este punto, las formaciones políticas municipales mostraron su acuerdo con la ordenanza (con algunas críticas respecto a la demora de su elaboración) e instaron a su inmediata aplicación para intentar acabar con la lacra de la falta de viviendas a precios sociales. La regidora de Habitatge, Marta Farrés, ha anunciado en esa dirección que en el próximo pleno se presentará el mapa de inspecciones para determinar qué inmuebles pueden ser objeto de sanciones si sus propietarios no los ponen en circulación.
Por otra parte, uno de los puntos del orden del día con mayor controversia ha sido la moción presentada por los grupos municipales de Entesa, EUiA, ICV sobre los procedimientos judiciales abiertos a las personas detenidas durante la huelga general del 29 de marzo de 2012. Ese día, los Mossos d´Esquadra arrestaron en Sabadell a seis personas acusadas de causar disturbios. Cinco de ellas se enfrentan estos días a los correspondientes juicios. Un portavoz del casal Independentista Can Capablanca, Vicente Palomo, ha intervenido en el pleno para pedir el apoyo del Ayuntamiento a fin de que se retiren las causas judiciales abiertas de forma injusta, según Palomo.
El debate entre los grupos municipales ha mostrado dos posturas. Por un lado se ha formado el bloque de los ediles del PP y CiU, que han votado en contra de la moción. Por otro, ICV, EUiA, Entesa y el regidor no adscrito, Carles Marlés que se han mostrado a favor. El PSC se ha decantado por votar no a la propuesta argumentando que había pedido que el texto se dejara sobre la mesa con el fin de buscar fórmulas técnicas para solucionar el problema. Esta formación política se refería al pago del valor de dos contenedores que ardieron el día de la huelga general y cuyo importe se reclama ahora a varios de los entonces detenidos.
El portavoz de los socialistas, Ramon Burgués, ha dejado claro que el Ayuntamiento no se ha presentado como acusación particular contra los presuntos autores de los daños, pero que es deber de la “Casa Gran”, si los jueces así lo dictan, reclamar el pago de aquello público que deliberadamente se haya destrozado sea por la causa que sea. El debate fue enconado entre el bloque Entesa-ICV-EUiA y el que formaron CiU-PP y, en ocasiones, el PSC. El alcalde tuvo que parar una vez el pleno para exigir a algunas personas del público que se mantuvieran en silencio durante la discusión por respeto a la sala. La votación final fue de rechazo a la moción por los votos en contra del PSC, CiU y PP.
Por último, otro tema importante, y que ha generado división de opiniones entre los grupos, ha sido la aprobación del contrato administrativo de servicios de limpieza de los equipamientos municipales. Hasta ahora lo ha llevado a cabo el Institut de Gestió Sanitària S.A. (Ingesan), pero ahora se han hecho tres lotes diferentes para que los servicios de limpieza lo presten tres compañías diferentes. Una representante del comité de empresa de Ingesan, Antonia Maqueda, ha intervenido en el pleno denunciando las constantes violaciones del pliego de condiciones de Ingesan. Por ejemplo, ha recordado que la reducción de horas de trabajo en los últimos años ha provocado que el servicio sea peor, así como las condiciones laborales. Para el comité la intervención de tres empresas, en lugar de una, será más complicado de gestionar. “Consideramos que la mejor solución sería municipalizar el servicio”, ha concluido Maqueda. El punto ha salido adelante con los votos favorables del PSC y del concejal no adscrito Antonio Vega, la abstención de CiU y el PP y ha recibido los votos contrarios de ICV, EUiA, la Entesa y el concejal no adscrito Carles Marlés. Estas últimas formaciones de la oposición han reclamado una vez más la municipalización del servicio.
