El sector privado y el público en ocasiones entran en conflicto. En Euskadi, por ejemplo, el Gobierno vasco decide devolver a 70.000 funcionarios las 35 horas semanales que perdieron durante la crisis. Esa medida ha abierto una brecha con la patronal vasca, la cual ha recordado que, mientras a los trabajadores del sector privado se les pide un esfuerzo añadido para garantizar y crear empleo, a los funcionarios se les recorta la jornada.
Los sindicatos, y no sólo los del País Vasco, enarbolarán esa bandera y esa demanda puede generalizarse en todo el sector público. El ejemplo servirá como elemento de presión y reivindicación en el sector privado. La crisis se ha combatido con una medicina muy ingrata: pérdida de empleo, menos salario y más horario, fórmula que para los contrarios a las políticas de austeridad y a los recortes, es cosa del pasado. Basta con leer los programas de los partidos que invocan el cambio progresista para ver que esa discusión vuelve a instalarse en el debate social.
No hemos salido de la crisis, el país sigue instalado en un fuerte déficit publico, y se sigue demandando una desmesurada expansión del gasto público. Los políticos prometen lo que no pueden cumplir, incluso con planes irreales de aumento de la presión fiscal. La recaudación también tiene sus límites.
Quienes viven del sector público en España, de ordeñar los bolsillos de los ciudadanos a través de tasas e impuestos, intentan controlar a los que acampan en el sector privado. Y los que están en el sector privado procuran vivir de subvenciones, ayudas públicas y contratos de todo tipo con el sector público. Una cuadratura imposible.
