En mi opinión, el tema de la demora en la celebración de los juicios es gravísimo porque, si un país no tiene una buena y rápida administración de justicia, es imposible que funcione correctamente.
Últimamente me he ido fijando en los plazos que hay entre la denuncia de un hecho y el juicio sobre el mismo. Eso ocurre tanto a nivel de toda España, como catalán y local. Casos tan sonados como la trama Gurtel o el caso Palau son claros ejemplos. Y como la justicia española es garantista en exceso, las triquiñuelas y escapes permiten alargar los juicos de manera exagerada con los perjuicios que se derivan para quienes acuden a los tribunales. Por no citar los casos delictivos considerados “menores”, cuando el que es víctima de ellos no los considera menores en absoluto, y si no que, por ejemplo, se lo pregunten a la señora a la que han robado el bolso con violencia o al que han atracado. No es lógico que un individuo con más de 20 detenciones en solo un par de meses campe a sus anchas por la calle.
Como tampoco es de recibo que hasta hace unos pocos días no se haya juzgado a la reponsable de la Gestora de Torre-romeu que estafó a 28 comunidades de vecinos ¡en el año 2011! O que no se haya resuelto hasta ahora el caso Bemba ¡ocurrido en el 2003! O que se suspenda el juicio contra la célula yihadista desarticulada en el 2015. O el tema de la Caserna de la Guardia Civil, que se remonta al 2006 y todavía sigue.
No comparto aquello de que “la justicia es justicia, aunque se aplique tarde y por equivocación”, sino que hago mía la cita de Séneca quien dejó escrito que “nada se parece tanto a la injusticia como la justicia tardía”.
