La Generalitat ha solicitado al Ayuntamiento que inicie el procedimiento oportuno para ocupar los pisos de protección oficial que se encuentran vacíos. De no hacerlo se han anunciado sanciones. Tras la decisión, por parte de algunos ayuntamientos como el de Sabadell, de sancionar a los bancos que tengan pisos vacíos, ahora la Generalitat amenaza con multar también a las administraciones locales que no ocupen las viviendas protegidas.
Así lo ha hecho saber el departamento de Territori i Sostenibilitat que ha comunicado al Ayuntamiento esta medida tras dar a conocer al Parlament el nuevo programa de inspecciones que pretende detectar los pisos de protección oficial del Área de Barcelona, construidos por promotoras públicas y privadas, que están desocupados desde que finalizó su construcción. Entre los años 2007 y 2013, un total de 33.199 pisos recibieron la calificación de protección oficial en Catalunya, de los cuales 16.907 fueron construidos por promotores públicos. La ley determina la obligatoriedad de que un piso de protección oficial debe estar siempre ocupado y que se deben impulsar actuaciones para garantizar que se habiten, y que cumpla su función social, ya que sino se considera una infracción muy grave, según ha puntualizado el Departament de Territori.
