Otra vez las pensiones regresan al primer plano y siempre por lo mismo: la necesidad de reformas para intentar sostener el sistema. El objetivo es desligar la actualización de las pensiones de la evolución del IPC, para vincularla a los ingresos y gastos de la Seguridad Social, fijando un suelo para los años duros y un techo para los ejercicios de bonanza. Como es fácil imaginar se trata de incorporar nuevos parámetros de cálculo para ir rebajando una factura que no cesa de crecer y que desequilibra las cuentas públicas.
Y lo que se pretende es ajustar el gasto de las pensiones, reordenar el sistema para reequilibrarlo. Detrás de los eufemismo, que todo el mundo entiende, está el objetivo de rebajar un capítulo que, por diversas razones, crece año tras año hasta dar razones a los que llevan tiempo anunciando la inviabilidad del sistema sin correctivos. De una forma incesante se van introduciendo cambios que permiten ahorros que contribuyen a parchear el sistema y alargar con dificultades el sistema.
Las primeras estimaciones indican que el ahorro anual será del orden de los 5.000 millones de euros, que lógicamente es la cifra que perderán los pensiones, un recorte más para posibilitar que la ecuación entre activos y pasivos, entre cotizantes y pensionistas, no vaya aumentando su desequilibrio. El sistema de reparto, se distribuye lo que se recauda, no da para más.
Aumenta a ritmo exponencial el número de pensiones y crece la pensión media, mientras el número de cotizantes mengua. No se puede cuadrar el círculo, salvo que se recurra a la aportación creciente de recursos públicos, impuestos, para alimentar el sistema.
