El pleno de este martes debatirá una de las iniciativas más demandadas de los últimos años por los colectivos en defensa del derecho a la vivienda. La ordenanza municipal que servirá para verificar si un inmueble está vacío y que permitirá sancionar a sus propietarios, se aprobará en un momento de «emergencia de viviendas», como reconoció ayer la teniente de alcalde de Habitatge, Marta Farrés. Ante la falta de recursos de la administración para hacer frente a la gran demanda de vivienda social, el Ayuntamiento da hoy un paso más para presionar a los bancos y propietarios con pisos vacíos a través de una nueva ordenanza municipal que prevé sanciones que van de los 3.000 a los 9.000 euros.
