España tiene muchos problemas pendientes, y el territorial es uno de los más importantes. Y en ese capítulo Catalunya ocupa un lugar inquietante. La herida, en lugar de ir cicatrizando, se reabre. El conflicto se agravó con el nuevo Estatut promovido por el tripartito, que tuvo un tortuoso tránsito en el Constitucional y derivó en la propuesta de un nuevo marco fiscal, una mejor financiación autonómica y en la demanda de una mayor autonomía.
De aquel escenario al actual media casi un abismo. La escalada de las reivindicaciones ha sido notable y el proceso soberanista se ha ido cebando. Los que impulsan el proceso anuncian una hoja de ruta que, de prosperar, supondrá mantener la tensión durante muchos meses. El horizonte supone ir sumando elecciones, autonómicas, municipales y generales, amén de las específicas del proceso, un entorno complicado que tiene poco que ver con la estabilidad y seguridad.
Muchos demandan diálogo, pactos, tender puentes, soluciones negociadas, pero da la sensación de que las partes no están por la labor. Unos aprietan y otros se resisten, unos marcan un camino y otros señalan que de eso no se puede hablar y remiten a las instancias judiciales, que no resuelven nada. Si unos denuncian las judicialización de la política, otros recuerdan que no es menos preocupante la politización de la justicia.
Los más prudentes y responsables dicen que es el momento de la política de verdad, no el del regate corto. Pero el hecho es que no se avanza y el problema aumenta por el creciente alejamiento de las partes. Los que han creado el problema se muestran incapaces de resolverlo.
