El Tribunal Superior de Justicia de Madrid obliga al Estado a devolver el millón de euros de subvención que el Ayuntamiento tuvo que reembolsar tras rehabilitar la antigua fábrica Cal Molins. En el 2013 el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas exigió al Ayuntamiento que devolviera una subvención de más de 928.000 euros que se había concedido para rehabilitar la antigua fábrica Cal Molins como centro de formación ocupacional. El gobierno central argumentaba que el consistorio no había acabado las obras de rehabilitación en el tiempo acordado. En aquel momento, el Ayuntamiento devolvió el dinero e interpuso un recurso contencioso administrativo contra tal exigencia.
