Ha empezado ya su andadura, y el Gobierno espera que tenga efectos balsámicos sobre un sistema bajo mínimos, la reforma financiera. Se trata de impulsar un drástico saneamiento del sector, dotando en un ejercicio las provisiones pendientes, estimadas en más de 50.000 millones de euros. Se piensa que, con esas provisiones extraordinarias, las entidades financieras estarán más dispuestas a vender con descuento los miles de pisos que, muy a su pesar, han terminado en sus activos.
Se ven los bancos obligados a reconocer las pérdidas que arrastran en su balance, consecuencia de unos activos inmobiliarios sobrevalorados. Dado que todas las entidades financieras llevan bastantes ejercicios dedicando cuantiosas cantidades a provisiones y saneamientos, es fácil imaginar el tamaño del desaguisado acumulado, debido a la crisis y a la concesión de créditos con criterios harto discutibles.
Las entidades financieras han ido provisionando contingencias y deudas al ritmo que querían, o podían, para absorberlas con beneficios. Otros países optaron por llevar a pérdidas de golpe el importe de los desastres, lo que obligó a una fuerte recapitalización de las entidades con recursos públicos y privados. Aquí se prefirió edulcorar la realidad y con ello se dilató el problema y se perdió credibilidad en los mercados. La desconfianza que despertaba la banca española era la respuesta a la teórica buena salud del sector.
Con la reforma se espera que el sector financiero español recupere credibilidad y que ello le facilite un mejor acceso a los mercados de capitales. La paradoja es que a las entidades de crédito no se les concedía crédito.
