Parte de la réplica española a la expropiación de YPF por el Gobierno de Argentina, comandado por la viuda de Kirchner, va a consistir en limitar las importaciones de biodiésel procedentes del país austral que suponen casi la mitad de los 1,6 millones de toneladas que consume el mercado español. Ese capítulo asciende a más de 800 millones de dólares y supone alrededor del 60% de las exportaciones argentinas de ese producto.
Si España, y Europa, conciertan un frente común que suspenda las preferencias arancelarias que favorecen las importaciones arancelarias de biocombustibles, pueden golpear a un sector mimado por Argentina, el de la soja, y a la vez favorecer iniciativas españolas que fueron condenadas al fracaso por una competencia desleal largamente denunciada por los empresarios de biocarburantes. España con su actitud dañaba al tejido industrial nacional.
Al calor de una directiva europea que abría un esperanzador horizonte para los biocombustibles, en España se pusieron en marcha iniciativas y se invirtieron más de 1.400 millones de euros en un sector que ocupaba algunos miles de puestos de trabajo de alta cualificación en zonas deprimidas económicamente. La permisividad oficial, un claro “dumping”, favoreció el crecimiento de las importaciones y la caída de la producción nacional, que hoy funciona al 1% de su actividad. Muchas plantas se han visto obligadas a cerrar y dejar atrás un estela de pérdidas.
Las medidas regulatorias, antes adoptadas por Francia, Bélgica, Portugal o Grecia, llegan muy tarde, cuando muchas plantas que se pusieron en marcha están casi desmanteladas.
