Bajar los salarios ya no mejora la competitividad, sino que aumenta la pobreza y deprime la demanda. Contundente conclusión del último informe de la OCDE. Pienso lo mismo y añado que se debe poner fin a la congelación salarial con incrementos prudentes, sostenibles y racionales en función de la viabilidad de las empresas, tanto del sector privado como público, para no lastrar sus cuentas de resultados y evitando lógicamente situaciones de riesgo o de tensiones de tesorería. La moderación y reducción salarial nos ayudó en un primer momento a recuperar competitividad, y de la misma forma se debe ahora incrementar la productividad, y se deben aplicar a la vez incrementos en los salarios de un castigado sector público, que permitan que la rebaja nominal de los sueldos (del 5% del 2010, sumado a la congelación salarial del periodo 2011-2014, que derivó que su poder adquisitivo se haya reducido de promedio un 30% en los últimos cinco años), puedan ir recuperando paulatinamente su nivel de ingresos.
Para que construyamos un inicio de recuperación sólido y constante es imprescindible un incremento salarial global sobre todo en los salarios bajos y medios. Incrementos que volverán a retornar al circuito económico en general vía consumo interno, propiciando así una recuperación del poder adquisitivo de las familias, imprescindibles en la recomposición de nuestra clase media.
Pero también es necesario y de justicia un incremento de las pensiones a los más de nueve millones de pensionistas que les permitan vivir dignamente con un poder adquisitivo acorde a sus necesidades y al momento real. Pienso y defiendo que la política de ajustes debe trasladarse en un porcentaje más elevado a otros ámbitos. Por ejemplo actuando con más agilidad en la reducción y supresión de empresas, fundaciones o consorcios y entes públicos de nula rentabilidad, o que arrastran pérdidas sin ofrecer retorno ninguno a la sociedad actual.
La austeridad ya no se debe jugar en el campo de las familias, pensionistas, asalariados, autónomos o empresas, y sí en el campo de las distintas administraciones públicas; y estas simplemente deben cumplir la Ley de Estabilidad Presupuestaria, aplicar un férreo control del déficit público y, por supuesto, cumpliendo escrupulosamente con el pago a proveedores en tiempo y forma. Debemos dar solidez en este inicio de recuperación, aún débil y con altibajos, volcándonos en dar solución a las necesidades de las rentas bajas y medias-bajas como compromiso ineludible en la lucha contra las desigualdades sociales. Para ello un mercado laboral liberalizado y una impecable gestión de lo público son algunas de las bases fundamentales que deben contribuir a normalizar una situación que nunca se debió producir y lo cual me lleva a otro debate: el de la reducción y simplificación de las muchas y colindantes administraciones públicas de este país, autonomías no históricas incluidas. Ahí está identificado uno de los orígenes de nuestra desorbitada deuda pública y de las políticas de ajustes
“Se debe poner fin a la congelación salarial con incrementos prudentes, sostenibles y racionales en función de la viabilidad de las empresas”
