Cuando España decidió apostar por el tren de alta velocidad como medio para modernizar y reequilibrar el país por la vía de la mejora de las comunicaciones, todas las autonomías, y las capitales de provincia, se apuntaron a pedir su estación de Ave.
La decisión política de invertir miles de millones en la construcción de nuevas líneas que debían facilitar un despliegue rápido del Ave, merece cuando menos una reflexión crítica. Un estudio sobre la rentabilidad de los principales corredores de alta velocidad en España, promovido por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), llega a la conclusión de que la alta velocidad no es rentable y que la baja demanda no justifica la inversión. La red española, con 2.515 kilómetros en servicio y otros 1.200 en construcción, es la segunda mayor del mundo. Pero los 11.800 pasajeros por kilómetro de España está muy lejos de los 158.000 de Japón o de los 61.400 de Francia
Con esos números es fácil imaginar que las inversiones efectuadas probablemente no serán recuperadas, e incluso resulta difícil hablar de rentabilidad social. Hay que recurrir al prestigio, o a la obsesión política de cambiar kilómetros por votos, para explicar el programa inversor en el Ave. Como se ha escrito, lo peor está por llegar. Los proyectos en lista de espera todavía tienen menos posibilidades de rentabilidad.
La red española, la segunda mayor del mundo después del continente chino, invita a deducir que estamos frente a un manifiesto exceso. España no ha reparado en endeudarse para construir su red y ahora algunos debaten sobre la factura a pagar por los contribuyentes.
