Europa pasó a ser algo más que un continente en los mapas en el momento en que empezaron a levantarse instituciones supranacionales orientadas a temas económicos y a facilitar las relaciones a través del desarme arancelario. El club europeo fue admitiendo más socios y la economía fue cediendo espacio a los políticos, lo que tuvo su plasmación en la conformación de estructuras funcionariales que ejercen una creciente influencia sobre las políticas nacionales. La soberanía nacional ha pasado a ser una responsabilidad compartida.
La construcción de Europa se ha cedido a una elite de superfuncionarios, los euroburócratas, que consumen presupuestos que no cesan de engordar. Con la crisis, muchos países quieren rebajar sus aportaciones a la UE, que suponen hasta el 75 % de los recursos de los organismos comunitarios. Ante ese panorama la reacción de la Comisión Europea ha sido la de crear un nuevo impuesto directo que afectaría a los más de 450 millones de ciudadanos.
Señala la Comisión que la nueva fórmula de financiación, todavía en estudio, ayudaría a la contención de las contribuciones estatales, argumento poco creíble. De hecho, ningún gobierno parece dispuesto a rebajar impuestos nacionales a cambio de que los ciudadanos paguen otros tributos a la UE. El Ejecutivo de Bruselas quiere ganar autonomía financiera, especialmente desde que se les solicitó que revisaran a la baja su presupuesto.
Berlín, París y Londres no han acogido la propuesta con gran entusiasmo y señalan que no es el momento adecuado para introducir nuevas tasas. Zapatero, en cambio, es mucho más receptivo al euroimpuesto. Es la eterna dialéctica sobre la fiscalidad y la competitividad.
