Introducir elementos distorsionadores en la convivencia social más pronto que tarde presenta facturas muy costosas. Además de las algarabías callejeras hay otros incontrolados como los paraísos fiscales, la aplicación de las leyes de forma sorprendente e incomprensible, que el sistema se niega a controlar de forma eficaz. Para comprender la decadencia de la vida pública se requiere que comprendamos aquellos tiempos en que era vigorosa en términos sobre los cuales se sustentaba.
La expresión del deseo de una sociedad en libertad, es quizá uno de los más socorridos motivos para el progreso de la convivencia. Delimitar la libertad de todos y hacer que nos sometamos a los designios de una libertad planificada mediante una carga importante de coacción no suele dar buenos resultados.
Las propias actividades de demolición y construcción que se necesitaban para clarificar los diversos momentos forzaron la salida de grupos unas veces controlados por el sistema y otras inducidos aunque sea de lejos por los aledaños del sistema. Forman parte de las alcantarillas del Estado. Hemos ido gestando una sociedad incapaz de reprimir la violencia de los incontrolados hasta tal punto que muchos se han escurrido de entre las manos de la legalidad. No sólo eso, sino que algunos desde el sistema los defienden. Al final somos el espectáculo más por las luchas callejeras que por reclamar el cumplimiento de derechos constitucionales contra la evasión de capitales, contra los paraísos fiscales. ¿Para cuándo una campaña descalificadora de la usura como regulador principal de la convivencia?
Esto no va a cambiar porque sólo se aumenten las penas ni porque las manifestaciones incendiarias sean equiparadas al terrorismo en la versión antigua. No podemos seguir la larga experiencia donde el Estado de derecho, el sistema de derechos políticos y los derechos de bienestar social y la educación se desarrollan como desafíos sucesivos.
