Periódicamente, y según sus particulares intereses, el radicalismo militante saca a pasear el laicismo de trazo grueso, que enlaza con la vieja tradición de los comecuras. Ahora el Psoe, que no logra capitalizar el desgaste que sufre el Ejecutivo, propone que la Iglesia pague el impuesto de bienes inmuebles (IBI) en su propiedades que no estén destinadas al culto.
Rubalcaba ha lanzado al ruedo una campaña trasnochada bajo la premisa de que en tiempos de ajuste hasta la Iglesia debe pagar, y es más que dudoso que con ello obtenga réditos políticos. Entre otras razones, la Iglesia no necesita demasiados valedores para que su acción social sea manifiesta, pública y apreciada por los que más la precisan. Los pobres, si desean ser atendidos van a las parroquias y a Cáritas, que no a las sedes del Psoe.
Esa campaña de perfiles burdos ha servido para recordar que el importe de los bienes de la Iglesia exentos del IBI suponen apenas el 5% de las exenciones concedidas. El otro 95% de las concesiones graciables corresponde a fundaciones, onegés, sindicatos y propiedades de partidos políticos que operan bajo el manto de fundaciones. Si se trata de recaudar más y eliminar privilegios, es evidente que hay buenas bolsas de sopas bobas.
Los que, cuando estuvieron en el poder, no hicieron lo que ahora proponen y dejaron un legado ruinoso, atizan la tea del laicismo en bruto, desnudo de ideas. La Iglesia, que tiene en su código genético la capacidad para hacer frente a las persecuciones políticas, presenta un balance de acción social imbatible frente al de sus desprestigiados perseguidores. En solidaridad los derrota por goleada.
