El pacto fiscal ha logrado abrirse paso en Catalunya. Lo que era una bandera casi exclusiva de CiU ha ido penetrando en la opinión pública catalana y con los matices de rigor ha pasado a ser un objetivo común de la casi totalidad de los partidos, o cuando menos existe un común denominador que crea puentes de acuerdo. Superar las fronteras del nacionalismo para ser poco menos que una demanda del conjunto de la sociedad catalana significa un triunfo personal de la perseverancia del president Mas.
Queda un mundo por delante, pero la primera etapa de pedagogía y concienciación se ha superado. Ahora falta ver cómo se encajan esos planteamientos a escala estatal y cómo los partidos nacionales pueden conjugar las demandas catalanas con la presiones que sin duda van a dirimirse en el momento en que la discusión cobre vuelo y entre en una nueva fase.
La mayoría percibe que las comunidades con regímenes fiscales particulares, como el País Vasco y Navarra, sobrellevan mucho mejor los rigores de la crisis. Y a partir de ahí es fácil inferir que con hacienda propia y la llave de la caja, las perspectivas económicas serían mejores. El debate se plantea entre los que piensan que debe reformularse la financiación autonómica y limitarse las contribuciones solidarias a las regiones más pobres y los que estiman que debe cortarse de raíz el expolio fiscal.
El agravamiento de la crisis y la asfixia económica ayudan a que emerja el problema en toda su crudeza, pero la propia situación de penuria generalizada dificultad encontrar una solución razonable, equitativa y eficaz para una situación que no puede enquistarse.
