El llamado Plan Prepara (PP), que puso en marcha el anterior Gobierno, ha sido un nuevo argumento para el debate y la discrepancia. El Ejecutivo mostraba su tibieza y resistencia a una prórroga pura y dura del mismo, y la oposición y los sindicatos vieron en la duda un motivo para presionar e impulsar una campaña masiva en la redes en apoyo de mantener el plan, una bandera más para calentar la calle en unos momentos en los que la crisis presenta su peor cara.
Y es perceptible que apenas se habla del de formación de seis meses para los que consumen los dos años de prestación del desempleo, un plan que pretende ofrecer nuevas oportunidades de encontrar un trabajo. No se habla de los resultados porque apenas el 7% de los que han seguido el plan de formación han logrado un puesto de trabajo, y sólo el 1% de las colocaciones son contratos indefinidos. La realidad del plan viene a indicar que se está frente a una renta mínima, una ayuda social de última instancia. Las condiciones exigidas para acceder a esas ayudas así lo confirman.
La mayoría no encuentra trabajo porque no hay demanda en el mercado de trabajo, porque hay más de cinco millones de desempleados y la cifra sigue creciendo. El drama, económico, psicológico y moral del paro, conforma una sociedad incapaz de levantar el vuelo y que se enfrenta al enorme problema de ayudar a los que no tienen ninguna cobertura para sobrevivir. El plan entra en el catálogo de medidas contra la pobreza severa.
La cuestión de fondo es que sin una financiación sana y responsable, no hay Estado del Bienestar que resista, ni ciudadanos que aguanten una presión fiscal cada vez mayor.
