De las batas blancas a las togas negras, el malestar de los profesionales se va extendiendo a consecuencia de reformas que tienen evidentes claroscuros. No se puede despachar la contestación como si fuera una respuesta por la pérdida de la paga de diciembre, que también está en el capítulo de descontentos varios.
Hay quejas por el estatuto judicial y fiscal, por las remuneraciones poco acordes con la responsabilidad de las funciones, pero es obvio que las nuevas tasas judiciales son argumento suficiente para cuestionar la medida. Dicen que el ajuste, un eufemismo para no hablar de aumento, de las tasas son un instrumento para luchar contra el exceso de litigiosidad que padece la justicia española, problema que se reduciría con más medios. Como no hay presupuestos para ello, la salida es aumentar las tasas para disuadir el acceso a la justicia. Así la gente se pensará más el acudir a la justicia, una forma de hurtar un derecho, especialmente a la clase media, porque los ricos la pueden pagar sin graves problemas y para los más pobres hay previstos paliativos.
Está por ver si la medida es un remedio eficaz para hacer frente al colapso del sistema judicial y facilita una justicia más agil, pero de lo que no hay duda es que limitará el acceso a la justicia a muchas personas que requieren la tutela judicial efectiva. Lamentablemente ha quebrado la confianza de mucha gente en la justicia y unas mayores tasas no van a ayudar a recobrarla.
Lo que está claro es que cualquier reforma se enfrenta a un camino que no es precisamente de rosas, y la judicial lleva demasiado tiempo esperando a su Godot particular.
