La amnistía fiscal impulsada por el ministro Montoro, similar a las de otros países de la UE y en la propia España en anteriores legislaturas, corre el riesgo de encallar en un puerto imprevisto. Se va deslizando, en una carrera de improvisaciones y contradicciones, que se investigará a los contribuyentes que se acogieron a la medida. Los políticos responsables, es un decir, de la materia, prometieron secreto y opacidad a los que decidieron regularizar y ahora se olvida el blindaje y se habla de revisarlo todo.
Nunca las amnistías son presentables en el plano ético. Se cierran los ojos y se olvida con el argumento de que se aumenta la recaudación y se afloran nuevas bases imponibles. Los efectos colaterales del caso Bárcenas, al parecer beneficiado con la medida, son graves y la inseguridad jurídica y el mosqueo de los que confiaron en la palabra del ministro es explicable. Así como la carcajada de los que siguen con el dinero en paraísos fiscales.
Otro sector que lamenta la deriva de la política económica y acusa al Gobierno de inseguridad jurídica es el sector de energías renovables, que efectuó elevadas inversiones al calor de unas subvenciones, primas, muy generosas, tanto que comprometían el futuro de un negocio que se prometía brillante gracias a un marco regulado que les aseguraba los beneficios.
Con las nuevas disposiciones del Ministerio de Industria, se les aplicará a ese sector emergente un recorte en sus ingresos del orden de los 500 millones de euros. No hay derechos adquiridos, no se respeta lo acordado. Los errores del pasado se sustancian con la inseguridad jurídica, una mala referencia para cualquier inversor.
